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viernes, 3 de julio de 2015

Ex core será formalizado por fraude al fisco

Ocho personas son investigadas por irregularidades en proyectos vinculados al 2% de cultura
El 26 de agosto del año 2014 fueron incautados computadores desde el interior de la Intendencia Regional, además simultáneamente se realizaron incautaciones en seis domicilios particulares de la región de O'Higgins y Metropolitana. Lo anterior nacía  de una denuncia realizada por la propia Intendenta, Regional Morín Contreras, ante la fiscalía local, luego de que una auditoría interna de la entidad pública encontrara algunas irregularidades cometidas en la adjudicación, implementación y rendición de gastos de proyectos culturales vinculados al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) en su área de 2% de cultura. 
La incautación realizada en 2013 fue encabezada por el fiscal Regional, Luis Toledo, acompañado del fiscal especializado en delitos económicos y funcionarios, Carlos Fuentes, junto a la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI.
Así y de acuerdo a los antecedentes que eran parte de esta incipiente indagatoria, funcionarios y ex funcionarios públicos, además de personas naturales, estarían involucradas en los ilícitos con el fin de verse favorecidos en el financiamiento de proyectos culturales que no se habrían realizado. 
 La investigación continua, y ayer miércoles estaba programada la formalización de cargos contra 8 personas, sin embargo durante la audiencia la defensa de los involucrados solicitó que se fijara una nueva fecha para la misma, petición a la que no se opuso la fiscalía y que fue aceptada por el juez quedando fijada la audiencia para el próximo 5 de agosto. Esto debido a que la Defensa recién ayer miércoles habría recibido la carpeta con los antecedentes.   
El Defensor Penal Público, Luis Valdenegro, quien tiene la representación del ex Consejero Regional Héctor  Jorquera, indicó que es un derecho de todo imputado poder conocer todos los antecedentes por los cuales se le va a formalizar, ya que además se trata de una audiencia de solicitud de medidas cautelares, por lo que adujo que es necesario que las defensas conozcan los antecedentes de la imputación para así poder rebatirlas. Señaló que hasta ayer miércoles por la mañana no había recibido la carpeta con los antecedentes, pero se esperaba que a eso de las 16 horas en la oficina del fiscal, Carlos Fuentes, recibiera los antecedentes, donde recién ahí podría pronunciarse jurídicamente respeto al tema.
A la audiencia también llegó la Intendenta, Morin Contreras, denunciante de este hecho. Recordó que cuando asumió el Gobierno Regional se le solicitó hacer una revisión de las cuentas que recibían, ocasión donde detectaron irregularidades en la temática del Fondo del 2% de Cultura, Deportes y Seguridad Pública, información que no fue calificada de ninguna forma, por lo que la presentaron al Ministerio Público para que analizara si constituía algún delito. 
Contreras añadió que luego de todas las indagatorias que se han realizado se está en condiciones de formalizar o investigar a ocho personas, que darían cuenta de que supuestamente habrían cometido delito. Referente a los involucrados, la autoridad regional indicó que se trata de dirigentes sociales, asesores de empresas que confeccionaban proyectos para las organizaciones, descartando que hasta el momento existan funcionarios públicos que estén siendo investigados en el proceso.
La Intendenta sostuvo que entre los delitos que se les investiga se encuentra el de fraude al fisco, añadiendo que el Consejo de Defensa del Estado se ha hecho parte del proceso al existir una postulación a estos fondos de manera irregular, así como parte de los recursos entregados no habrían sido utilizados para los fines que fueron otorgados.
Para el abogado, Claudio Sandoval Soto, defensor privado y quien representa a Rodrigo Hernández, su representado es una persona que no tiene antecedentes de ninguna especie, por lo que rige el principio de inocencia. Recalcó que su representado no tenía ningún cargo, ya que se trata de personas que dirigían corporaciones y que eventualmente intervinieron en la ejecución de proyectos respecto al Fondo Nacional de Desarrollo Regional

MONTOS FLUCTÚAN ENTRE LOS 10 A 20 MILLONES DE PESOS
En tanto, el fiscal, Carlos Fuentes Rebolledo, recordó que esta causa se inicia el año 2014 por una denuncia ante un posible fraude que realiza la Intendenta, Morin Contreras, en la adjudicación del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, 2% de Cultura, Seguridad y Deportes. 
Es por ello que se comenzó a realizar una indagación que llevó a la Fiscalía a incautar computadores y documentación desde el edificio de la Intendencia. Luego de analizar la documentación y correos electrónicos, se llegó a la conclusión que existen una serie de personas públicas y privadas que de alguna manera se habían coludido, para en estas adjudicaciones de fondos, poder defraudar al Estado. 
Sobre los montos, el fiscal dijo que estos varían, ya que en algunos casos se trata de 20 y 10 millones de pesos, cifra que es diferente en cada imputado. El monto total se dará a conocer el día 5 de agosto.
Fuentes Rebolledo informó que estos hechos involucran a gente de la Región de O’Higgins, las que participan en juntas de vecinos y ONG. Ellas postulan a proyectos, el CORE los selecciona y los adjudica, entregando fondos que son para impulsar el desarrollo de la región, los que –según el fiscal- fueron mal utilizados por la personas que van a ser  formalizadas. 
El fiscal señaló que entre quienes serán formalizados se encuentra el ex consejero regional Héctor Jorquera, un par de funcionarios públicos de la época, y personas particulares que postulaban a adquirir estos fondos desde el año 2011 hasta principios del año 2014.

ES NORMAL QUE SE FISCALICE
También se refirió al tema el presidente del Consejo Regional (CORE), Fernando Verdugo, quien indicó que el CORE es una institución pública, que maneja recursos públicos, por lo que todo lo que sea fiscalización respecto a las determinaciones es lo más normal que pueda suceder.
Verdugo agregó que la Intendenta, Morin Contreras, actuó de acuerdo a la prerrogativa  que tiene como autoridad, por lo que como consejeros regionales no tienen más que estar de acuerdo a que se realicen este tipo de investigaciones, aduciendo que no puede ser de otra forma. “Los órganos del Estado que corresponde deben hacer la labor para lo que están encomendados por ley, fiscalizar a estos órganos es parte de las tareas”, dijo Verdugo, quien agregó que los antecedentes tienen que estar en manos de la justicia y realizar la investigación que corresponde.
Cabe recordar que en mayo del año 2013 la UDI suspendió la militancia de tres Cores por supuestas “comisiones” para aprobar proyectos. Esto al solicitar "comisiones" en la entrega de fondos del 2% de FNDR para Cultura, Deportes y Seguridad Pública.  Se trataba de los consejeros Héctor Jorquera, Luis Valenzuela y Alfredo Solaue por 3, 2 y 1 años respectivamente. Fuentes de la fiscalía señalaron que además para las próximas semanas se estaría preparando otra formalización esta vez relacionada con mal uso de fondos provenientes del 2% de Seguridad Publica.

EL RANCAGUINO

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