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Tras una agotadora jornada, la tarde de este viernes la Comisión Mixta de Presupuesto aprobó por 12 votos a favor y 7 en contra la partida de educación y en especial la glosa que implementará la gratuidad arancelaria para 200 mil estudiantes desde el próximo año. La aprobación de este ítem fue sólo el primer paso de una tramitación que hoy lunes llegará a la Cámara de Diputados para finalizar su camino la próxima semana en el Senado.
Tras un intenso lobby político, y por cierto un intenso trabajo con las universidades del Consejo de Rectores, el Ministerio de Hacienda presentó una serie de indicación que de ser aprobadas afectarán directamente a los estudiantes de los CFT e Institutos Profesionales existentes en la sexta región y por cierto a los futuros estudiantes de la U. de O’Higgins.
En el caso de la educación técnica, que es la que posee una mayor tasa de matriculados a nivel regional, a este sector se le propone ser parte de la Beca Nuevo Milenio 2, que busca beneficiar al 50% más vulnerable que estudie en estas instituciones. La Beca Nuevo Milenio 2, cubrirá 700 mil pesos del arancel anual de los beneficiados ($100 mil más que el 2015), para lo cual las instituciones que quieran acceder deberán tener 4 años de acreditación, comprometerse a convertirse en entidades sin fines de lucro en un plazo de un año, y a no subir el arancel de sus carreras más allá del IPC, a todos los alumnos que reciban las Becas Nuevo Milenio y Nuevo Milenio 2. Según la ministra de Educación, Adriana Delpiano, esta nueva Beca Milenio 2 llegará directamente al menos a 130 mil estudiantes de la educación técnica.
Este sábado representantes de la educación técnica superior, reunidos en la organización Vertebral, tuvieron un encuentro con el fin de analizar qué posición asumir ante el nuevo escenario propuesto por la Ley de Presupuesto. En su mayoría, los rectores de instituciones como Inacap, Aiep e IP Chile se mostraron preocupados ya que el Estado los obliga a firmar un compromiso si quieren optar a la Beca Nuevo Milenio 2 y a la gratuidad en 2017. “El Gobierno, de un momento a otro, exige que las instituciones cambien su naturaleza jurídica para que sus alumnos vulnerables puedan acceder a una beca ampliada, cuyo requisito históricamente ha sido sólo la acreditación”, señaló Fernando Martínez, rector de AIEP. Por su parte el rector de Inacap y presidente de Vertebral, Gonzalo Vargas fue más duro con la propuesta del Ejecutivo: “No vamos a firmar un compromiso que no defina el cronograma y las condiciones para la transformación. Hemos visto que las condiciones cambian todas las semanas y no estamos dispuestos a comprometer la autonomía, calidad y proyectos institucional en un compromiso que no sabemos en qué consiste”. Los rectores de los planteles técnicos afirmaron que estarán atentos a las resoluciones que tome el Congreso en esta materia los próximos días.
Reducción del AFI y apoyo a las ues estatales
En el caso de la educación superior universitaria, el Gobierno dio un verdadero golpe a la cátedra. La Comisión Mixta aprobó la indicación del Ejecutivo que disminuye a la mitad el Aporte Fiscal Indirecto. Estos aportes eran recursos del Estado que se entregaban a cualquier universidad, estatal o privada de acuerdo al número de mejores puntajes matriculados en sus carreras. Estos fondos se entregaban a las casas de estudio sólo de acuerdo al puntaje del alumno por eso cada año se generaba una verdadera cacería de puntajes nacionales. El AFI no tenía relación con la situación socioeconómica de los jóvenes.
Es por ello que el Mineduc decidió bajar el AFI en un 50% a todo el sistema universitario con la precisión de amortiguar el golpe en las universidades del Consejo de Rectores -entre las cuales está la U. de O’Higgins- inyectándoles 12 mil millones de pesos que harán que estas instituciones prácticamente queden en la misma situación financiera que este año.
Al otro lado de la moneda, la medida del Gobierno generó la indignación de las universidades privadas más grandes como las universidades del Desarrollo, Adolfo Ibañez y de Los Andes, las cuales captaban buena parte de estos recursos.
Ante las acusaciones que hicieron sus rectores de un Gobierno “que se coludió” con el Consejo de Rectores para afectar a estas instituciones, la ministra Adriana Delpiano fue enfática y contestó: “ellos tienen alumnos de altos recursos, cobran lo que les parezca, y lo que están dispuestos a pagarles sus alumnos, y nos parece que no reviste mayor tema”. Al mismo tiempo la secretaria de Estado afirmó que los recursos que no sean entregados a las universidades privadas fuera del sistema de gratuidad, serán redistribuidos como fondos basales entre las universidades privadas y estatales del Cruch. “Estos recursos incrementaran fondos de investigación, de calidad académica, de mejoras de universidades del Estado y también de las privadas del Cruch”.
Hoy y mañana la sala de la Cámara Baja discutirá en profundidad esta indicaciones y además recibirá una nueva indicación del Gobierno donde el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés pretende identificar de manera clara los recursos que van directamente a las universidades del Estado, en el marco de un plan que busca hacer sostenible la situación financiera y aumentar la calidad de estas instituciones, entre las cuales está la U. Regional de O’Higgins.
EL RANCAGUINO
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