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El empresario Francisco Javier Errázuriz, quien es investigado por el delito de trata de personas, desmintió un supuesto acuerdo con la Defensoría Laboral. Confirmó además que no pagará sueldos a sus trabajadores de origen paraguayo.
El ex candidato presidencial desmintió lo publicado por diario El Mercurio, sobre el presunto acuerdo al que habrían llegado representantes del grupo Errázuriz, con la jefa de la Defensoría Laboral de Rancagua, Marcela Riquelme.
Según el matutino, una abogada representante de Errázuriz habría ofrecido pagar los días adeudados por el empresario a los ciudadanos paraguayos, desconociendo el proceso de capacitación que se habría adscrito.
Por otro lado, anunció que no cancelará los sueldos a los trabajadores que no cumplieron con la capacitación, entre ellos los 55 ciudadanos paraguayos que han desatado la polémica, sino que sólo cancelará un bono de capacitación de 180 mil pesos.De ellos 19 contaban con contrato laboral, asegurando que en la actualidad está imposibilitado de pagar incluso las remuneraciones del resto de sus trabajadores.
En esa línea, en una carta enviada a las autoridades de Gobierno, advirtió que de no serles devueltas sus pertenencias incautadas, no podrá pagar los sueldos “correspondientes a todo el personal de los predios, que supera alrededor de 1.000 chilenos y que se han encontrado laborando en distintas sociedades pertenecientes a mi grupo familiar”.
Esto en relación a los computadores y documentos incautados por el Ministerio Público en el marco de la investigación en su contra.
Además informó que presentó un recurso de jactancia en contra del intendente de la Región de O’Higgins, Patricio Rey Sommer, y el Subsecretario del interior, Rodrigo Ubilla, para que prueben sus acusaciones de trata de personas.
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