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Por unanimidad, la comisión encargada de analizar el proceso de recolección de firmas de los candidatos presidenciales aprobó las conclusiones propuestas por sus integrantes, y acordó realizar las gestiones necesarias para que el informe sea votado en la Sala de la Cámara de Diputados a más tardar el jueves de esta semana.
Así lo informó el presidente de la Comisión Alberto Cardemil (RN), quien destacó que “fue un trabajo serio, arduo, en que incluso trabajamos durante el verano para que las conclusiones estuvieran antes de que termine el período parlamentario”.
El texto fue aprobado por los diputados Pedro Araya (I), Gonzalo Arenas (UDI), Pepe Auth (PPD), Jorge Burgos (DC), Giovanni Calderón (UDI), Juan Luis Castro (PS), Guillermo Ceroni (PPD, Carlos Abel Jarpa (PRSD), Cristian Letelier (I), Nicolás Monckeberg (RN), Arturo Squella (UDI) y Matías Walker (DC).
El informe señala que “la Comisión estima que el problema denunciado estriba en la contravención de una norma expresa de la Ley por parte de los ministros de fe encargados de autenticar los actos electorales y de los candidatos presidenciales involucrados”.
“Esto es, la señora Gloria Acharán, el señor Roberto Mosquera, no han cumplido a cabalidad con el deber que les impone la Ley, en orden a estar presentes al momento de dar fe del acto de patrocinio, el que en definitiva consistió, a lo menos, en un número indeterminado de casos, en una firma presuntamente efectuada ante los equipos recolectores de firmas de los señores Tomás Jocelyn-Holt y Franco Parisi”.
Asimismo, agrega que “a juicio de esta comisión, los hechos y el proceder irregular de los dos candidatos independientes y los dos notarios que intervinieron en la autorización de eventuales firmas falsas se encuadrarían dentro de los tipos penales establecidos en los art 128 y 129 (falsificación y fraude) de la ley número 18.700, y los organismos competentes del Estado deben iniciar las acciones legales correspondientes“, señala el texto.
Finalmente, “se propone mantener a los notarios en el proceso electoral, porque radicar todo el sistema en el Servel dificultaría el acceso público a patrocinar candidaturas independientes y constituir partidos políticos, estableciendo que los mismos las autoricen, constándoles su autenticidad, teniendo siempre a la vista la cedula de identidad del patrocinante, y exigiendo la impresión de la huella digital; dar atribuciones al Servel para realizar auditorías de las listas de firmantes, e incorporar tecnología de punta como la huella digital electrónica y la clave digital del Registro Civil a los patrocinantes”.
Se espera que mañana la sala de la Cámara de Diputados se pronuncie sobre estos acuerdos.
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