Imputado por cuádruple homicidio se suicidó en la cárcel

Hoy debería haber comenzado el juicio oral contra Jaime Ibáñez Romero por el homicidio de sus suegros y cuñadas, pero el acusado que arriesgaba 40 años fue encontrado sin vida en su celda.

Felipe Alvear Silva

Hoy martes 19 de agosto debería haber comenzado el juicio oral que la Fiscalía Local de Rengo llevaría contra el imputado Jaime Ibáñez Romero (57), por el cuádruple delito de homicidio contra su suegro Salvatore Piombino, su suegra Senda Wachholtz, y sus dos cuñadas Carla y Patricia Piombino Wachholtz. Pero la audiencia agendada en el Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua será soló de finalización del caso, ya que a primera hora de ayer el acusado de ser el autor de uno de los crímenes más macabros que recuerde la Región de O'Higgins se quitó la vida al interior de su celda, la 16 del módulo 86 de la Cárcel de Rancagua.

El hecho fue conocido a las 8:40 horas de la mañana de ayer, cuando los gendarmes de aquel módulo se percataron que tras el desencierro el imputado Ibáñez no salía de su celda; al revisar ésta, se encontraron el cuerpo sin vida del supuesto autor de los cuatro homicidios. Según el informe de Gendarmería, el recluso utilizó para ello las juntas de las frazadas y los cordones azules que utilizaba.

“El señor Ibáñez Romero falleció producto de un ahorcamiento, se suicidó, esto fue detectado a las 8:40 horas, a la hora del desencierro. El funcionario lo descubrió cuando estaba ahorcado con la unión de unos cordones de zapatilla más unos trozos de telas que van en la frazada. No tenía medidas especiales, estaba imputado, en un módulo de imputados. No había intentado suicidarse antes. El imputado tenía muy buen comportamiento”, señaló el director regional de Gendarmería, coronel Federico Muñoz.

INVESTIGACIÓN DEL SUICIDIO

Una vez conocido el hecho, fue el propio Fiscal Regional, Luis Toledo, el que se apersonó en el Complejo Penitenciario Rancagua, lugar donde instruyó la presencia de peritos de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI Rancagua para que realizara las pericias de rigor.

“El día de hoy (ayer) en la mañana, nos constituimos en la Cárcel de Rancagua donde había una persona fallecida. Al examen externo del cadáver presentaba signos de un suicidio por ahorcamiento. Esta persona estaba autorizada para hacer oficios dentro de su celda, por lo que tenía acceso a herramientas y algunos insumos de todo tipos, ya sea de madera, cueros y fibras; en este caso (utilizó) fibras, cáñamo. Según las entrevistas realizadas, durante los últimos días trabajó normalmente”, señaló el jefe de la BH, subprefecto Pedro Calderón.

Tal como lo señaló la investigación de la PDI, el imputado habría utilizado herramientas e incluso fibras para la fabricación de la cuerda. De acuerdo a lo señalado por el alcaide del recinto, coronel Fredy Herrera, los imputados son revisados durante su estadía y aquella madrugada no fue la excepción. “Todos los internos que están en condiciones similares (imputados) participan en este tipo de procesos. Los resultados no entregaron este tipo de respuestas -conductas suicidas-, era un interno más bien calmado, reflexivo y tenía contacto comúnmente con los profesionales. Personal nocturno realizó rondas, y la última fue alrededor de las 7:30 horas de la mañana; la visión de la celda no permite ver el baño, y el personal no está autorizado para ingresar solos”, indicó el oficial, que además agregó que “se hará una investigación, tanto en la Justicia ordinaria como en la nuestra”.

Respecto a este último tema, el secretario de la Asociación de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), cabo primero Marcelo Vergara, señaló que “la celda del interno fallecido es una celda individual -2 x 3 metros-, en la que no se puede ver lo que está haciendo el interno en el baño, ya que tiene sólo un pequeño espacio para ver -ventana de 10 x 17 centímetros-, pero no se podía ver –el cuerpo- porque él se suicidó en el baño, que estaba cerrado con una cortina. Hay protocolos anteriores a un juicio oral, estuvo con psicólogos y no presentaba problemas. Estaba en un módulo (86) de los más tranquilos del complejo”, indicó el gendarme respecto a Ibáñez Romero.

UNA LARGA INVESTIGACIÓN

Jaime Ibáñez Romero fue detenido el domingo 4 de septiembre del 2011, cuatro días después de haberse cometido el cuádruple homicidio contra su suegro, suegra y sus dos cuñadas, tras un amplio trabajo realizado por personal de Carabineros de la Prefectura de Cachapoal. Un día después fue formalizado por cuatro delitos de homicidios, y durante la audiencia de formalización se conocieron escuchas telefónicas en que reconocía su participación. Debido a esta y otras pruebas contundentes, quedó con la medida cautelar de prisión preventiva.

La dilatada investigación por fin tuvo una audiencia de preparación de juicio oral a principios del presente año. La fecha, en un principio, quedó agendada para el 21 de enero, pero problemas con la salud del abogado particular de Ibáñez obligó a retrasarlo para el 11 de marzo; en esta oportunidad fue el propio imputado el que solicitó aplazarlo, y la nueva fecha fue el 21 de abril; pero la lamentable muerte del padre de la fiscal Echeverría obligó a retrasarlo para el 24 de junio. Al fin había llegado el día, pero cuando comenzaba la audiencia, Ibáñez revocó el patrocinio de su abogado particular; la nueva fecha era para hoy 19 de agosto.

Tras este sinfín de problemas, el Tribunal asignó al jefe de la Unidad de Estudios de la DPP O'Higgins, el abogado Víctor Providel, para que fuese el defensor de Ibáñez. “Desde que recibimos la designación lo visitamos en cinco o seis oportunidades, y además estuvimos preparando el juicio oral que iniciaría mañana (hoy). Don Jaime Ibáñez tuvo en el 90 por ciento de la causa abogado privado, las audiencias más importantes, incluso la preparación del juicio oral estuvo con él, pero lo despidió en audiencia”, comenzó.

“Desde ahí nosotros comenzamos a trabajar para defender los derechos y garantías de don Jaime. Lo que conversamos forma parte del secreto profesional, pero él manifestó que no iba a suspender el juicio, que no iba a suspender la audiencia del 19 de agosto, y que iba a ser representado por un abogado privado, o, según sus palabras, 'en el peor de los casos' por el abogado de la Defensoría Penal Pública. Nada pudimos prever, nunca manifestó una intención de quitarse la vida. El guardó silencio -respecto a su culpabilidad-, y nos quedaremos con la duda si mañana (hoy) iba a guardar silencio o iba a dar su versión de los hechos”, finalizó el abogado defensor.

Finalmente, el Fiscal Regional de O'Higgins, Luis Toledo, señaló que “es lamentable para la familia de las víctimas que esto termine de esta manera”, y señaló que la Fiscalía había preparado una serie de testigos -más de 40-, los que sumados a los peritos que trabajaron en la investigación, buscarían condenar por los cuatro homicidios y sentenciarlo a una pena de presidio perpetuo calificado, es decir 40 años de cárcel.

EL RANCAGUINO