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jueves, 30 de octubre de 2014

Interponen querella contra el Hospital Regional por errónea realización de alcoholemia

l examen fue practicado a Carlos Jorquera en junio de 2012, luego de que fuera atropellado, con resultado de muerte, por una funcionaria del recinto. El control arrojó que el hombre iba ebrio, por lo que la conductora quedó en libertad y sin responsabilidad penal. Pero una contra muestra efectuada por la PDI, concluyó que el primer test contenía evidencia biológica de dos individuos diferentes.
Marcela Catalán

Diez días estuvo agonizando Carlos Jorquera Rodríguez, luego de verse involucrado en un accidente vehicular con resultado de muerte, el 12 de junio de 2012. Los hechos ocurrieron así, según relata la querella que acaba de interponer su parentela: ese día y tras salir de su trabajo, a eso de las 20 horas, el hombre fue colisionado mientras iba en su bicicleta por Avenida La Compañía -Rancagua-. El coche correspondía a una mujer de iniciales F.V.P, paramédico del Hospital Regional. Dada la magnitud del incidente, el sujeto fue trasladado hasta el mencionado nosocomio de la ciudad.
Una vez allí, este padre de dos jóvenes y un escolar -Katherine, Karla y Kevin, respectivamente-, permaneció internado en estado de gravedad e inconsciencia, procediendo a efectuarle un control de alcoholemia. De acuerdo con dicho examen, el hombre estaba ebrio. Por ende, la automovilista quedó en libertad y sin responsabilidad penal.
Dado que Jorquera no solía beber y como provenía de su trabajo, desempeñándose en el rubro de la construcción para la empresa Commodore Limitada, su familia pidió al Ministerio Público que contrastara la sangre analizada en la aludida prueba. Esto fue realizado por laboratorios de la PDI, arrojando que el alcotest contenía una mezcla de material genético de al menos dos fuentes biológicas.
“Si bien el informe no es muy certero en sus conclusiones, pues no nos indica si las muestras biológicas son humanas, ni tampoco si corresponden a nuestro padre (…) nos induce a creer que la muestra de su sangre y el resultado de la alcoholemia pudieron ser modificados”, dicen en la querella interpuesta, la cual apunta a todos los responsables de este error.
Con el fin de esclarecer los hechos, en la presentación del litigio, la familia pide que se cite a declarar a la perito químico de la PDI que analizó la evidencia biológica -A.L.B-, además de llamar a la respectiva profesional -S.B.V- de la Unidad de Alcoholemias del Servicio Médico Legal de Rancagua. Adicionalmente, solicitan la evidencia sanguínea del control etílico original. Esto, en pro de que el Laboratorio de Criminalística de Carabineros investigue si el fluido almacenado pertenece en realidad a Carlos Jorquera.
“Él falleció producto de esto, por lo que estamos por un cuasidelito de homicidio. Aparte de esta denuncia, llevamos un juicio de dos años y cuatro meses contra ella”, asevera su hija Karla, en relación a F.V.P.
Respecto a qué buscan con la querella, la joven agrega que el test efectuado por el Hospital Regional “manchó horriblemente” el nombre de su padre. “De hecho, hay un examen toxicológico que hicieron para ver si él consumió drogas ocho meses antes, pero éste salió negativo”, añade sobre los recovecos que tomó el caso.
Acerca de las razones para pedir la contra muestra de la PDI, además de recordar que el hombre no acostumbraba beber y que era aficionado al deporte, garantizan que un informe de la Mutual corroboró que la muerte de Jorquera respondió a un accidente de trayecto y no a otro motivo. “La resolución tomó meses para que nos dieran una pensión, pues tanto la PDI como la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) indagaron en la empresa de mi papá, para ver si había consumido alcohol y esto también salió negativo”, asegura Karla.
Sobre el tipo de reclamo judicial presentado, David Llancao, abogado de la familia, detalla que se trata de una querella criminal. “Hemos logrado visualizar dos delitos: hay una falsificación de instrumento público y obstrucción a la justicia. Lo primero se relaciona con la modificación de la alcoholemia, mientras que lo otro se refiere a que el examen fuera remitido al Ministerio Público. Esto, como prueba en un juicio de características penales contra F.V.P”, subraya.
En cuanto a los castigos que esperan, el profesional argumenta que su determinación estará directamente vinculada con cuántas personas sean las responsables de los errores en la toma del control etílico. “Dependerá de si es un solo hecho constitutivo de varios delitos, en cuyo caso se agravará con la pena asignada al más grave, o si hay muchos más cometiendo varios ilícitos, independientes unos de los otros, pero que conectados conforman un todo”, precisa. Lo anterior, en virtud de si esta clase de equivocaciones constituyen algo común en el Hospital Regional.
En esta línea, Llancao recuerda que “el informe de alcoholemia está firmado por un químico y un doctor. Ellos deberán explicar qué pasó y es probable que también deba hacerlo todo el personal: desde quien toma la muestra o debe rotularla, hasta que es remitida a la PDI para el contraste” (…) Lo cierto es que hay una mala práctica”, sentencia.
Consultados en el Hospital Regional sobre esta situación, contestaron que no se referirán al tema. Esto, con el propósito de que la justicia haga su trabajo.

EL RANCAGUINO

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