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Los afectados superan las mil personas, las que habrían entregado montos por unos cien millones de pesos en total
F.A.F
Una orden de detención se emitió para uno de los representantes legales de la Egis Pangal por el presunto delito de estafa reiterada que habría afectado a más de mil personas de Rengo y Requínoa que creyeron en las promesas de la Egis para lograr la ansiada casa propia. En tanto se busca al otro representante legal para formalizarlo por la misma causa.
De acuerdo a los denunciantes, desde noviembre del 2009 a marzo del 2010 se cobraron dineros a tres comités de Requínoa, Mi Casa 1, Mi Casa 2 y Mi Casa 3. Éstos alcanzaron los ochenta mil pesos por familia, lo que implica una cifra millonaria al considerar que el comité 1 está compuesto de 135 familias, el 2 por 145 y el 3 por 126.
Además, en Rengo existen otros 4 comités presuntamente estafados, correspondientes a Mi Casa, El Sol, Bicentenario y Nueva Luz, cada uno ellos está compuesto por al menos 100 personas a las que se le pidieron entre ochenta y cien mil pesos para realizar escrituras y para gastos administrativos.
Sobre la materia, Carlos López, fiscal adjunto de Rengo, sostuvo que tras la realización de la audiencia de formalización en que no se presentaron los imputados y considerando que uno de ellos, Alejandro Eduardo Araneda Fuentes, ya está notificado, el tribunal a petición de la Fiscalía despachó la respectiva orden de detención y que el otro imputado (Osvaldo René Araneda Fuentes) no estaba notificado. Se fijó un nuevo día y hora para formalizarlo.
La fecha para la dicha gestión sería el 27 de febrero y de no concurrir el imputado se pediría la orden de detención respectiva.
Sobre el caso, López indicó que “tenemos aproximadamente un número de mil 134 personas que habrían sido afectadas, lo que puede variar alrededor de 92 millones de pesos el dinero defraudado”. Agregó que “estamos en coordinación con el Ministerio Público, y con la fiscalía de Pichilemu. Sabemos que ellos ya fueron formalizados en su oportunidad allá y también están con medidas cautelares”.
Por su parte, Roberto Díaz, abogado de las víctimas, recalcó que “lo positivo es que la Fiscalía solicitó orden de detención respecto del imputado que está notificado legalmente. El tribunal accedió a ella”.
Sobre el caso del representante que aún no ha sido notificado, Díaz enfatizó que “no fue encontrado en el domicilio, se entregó un nuevo domicilio y respecto de él se fijó audiencia para el 27 de febrero”. Además, el abogado añadió que “ambos imputados tienen una causa judicializada en la Provincia de Cardenal Caro, por lo tanto entendemos que están ubicables”.
Díaz recalcó que “estamos ante una situación muy compleja, donde esta inmobiliaria, a través de sus representantes legales, aprovechándose de la confianza y del sueño de la casa propia de las víctimas, obtuvo indebidamente dineros de parte de las víctimas, y por lo tanto, lo que nosotros buscamos y esperamos es, primero, la sanción penal respecto de los responsables del delito y que las víctimas puedan ser indemnizadas y recuperar en parte lo que ellos invirtieron. Aquí hay mucha gente que incluso pidió préstamos para poder entregarle estos dineros a la inmobiliaria, entonces es una situación grave”.
Finalmente, Díaz enfatizó que “tenemos apoyo del diputado Juan Luis Castro quien ha apoyado permanentemente a estos comités, así que estamos confiados en que estos van a tener prontamente un resultado positivo”.
Por su parte, María Vergara, una de las afectadas de la comuna de Rengo manifestó que “sí creo en la justicia, mucha justicia de muchas familias que dejaron de comer para pagarle a ellos que nos prometieron la vivienda. Fueron seis años luchando, venían a la oficina, nos cobraban la plata, nos ofrecían las casas, pasaban meses que nunca los vimos. Ellos nos prometieron la vivienda y no fue así. Lucraron con nuestras platas, se hicieron ricos con nuestras platas y esa es la pena que yo tengo porque detrás de mí hay muchas familias y queremos justicia. No importa que no nos hayan entregado nuestra vivienda pero si quiero justicia”.
Mientras que Victoria Bustamante, vecina de Requínoa, recalcó que “vamos a llegar hasta la última instancia”, agregando que da gracias de que hay orden de detención porque “jugaron con muchos sueños de muchas personas de muy bajos recursos, muy humildes”.
En cuanto a las expectativas con el proceso, la vecina enfatizó que esperan que “por último que estos tipos lleven una sanción ejemplar, que por fin el Estado de Chile se ponga las pilas con nosotros, que se haga responsable de darle autorización a estos tipos para trabajar y siguen funcionando con otros nombres”, dijo la afectada.
Consultado sobre el tema, el diputado, Juan Luis Castro (PS), dio a conocer que tomó la determinación de prestar ayuda a estos vecinos del Distrito 33 debido a que el nuevo distritaje que se aprobó suma los distritos, (32 y 33), situación por la cual los vecinos decidieron recurrir a él.
El nexo entre ambas partes se produjo hace cerca de 2 semanas, ocasión donde Castro asistió a una asamblea con los vecinos, donde conoció detalles del tema, encontrándoles la razón por lo que decidió prestarles su apoyo.
EL RANCAGUINO
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