Cámara de Diputados aprobó creación de Universidad Regional

Además fue rechazada la indicación que situaba el domicilio de la casa de estudios en Rancagua.

Después de haberse postergado en 3 ocasiones el debate, y después de que el gobierno le pusiera suma urgencia al proyecto de ley, finalmente hoy por la unanimidad de la Cámara de Diputados fue aprobado en general el proyecto de ley que crea las universidades regionales de O´Higgins y de Aysen. Además los diputados rechazaron la indicación presentada por los diputados Juan Luis Castro e Issa Korth en torno a que se repusiera la redacción original del proyecto situando el domicilio de la universidad regional en Rancagua, por lo que el artículo 1 establece el domicilio en "la región de O´Higgins". De esta manera la iniciativa quedó lista para ser enviada al senado donde deberá ser revisada por las respectivas comisiones de Educación y Hacienda.

Recordemos que este es uno de los 15 proyectos de Ley que La Moneda señaló quiere sean aprobados antes del 21 de mayo.

Según se indica en la normativa, ambas universidades "son instituciones de educación superior estatal, de carácter regional, que asumen con vocación de excelencia la formación de personas y la contribución preferente al desarrollo cultural, material y social de la VI y XI Región, respectivamente, como parte fundamental de su misión institucional". 

Lo aprobado por los diputados precisa que las universidades cumplirán su labor a través de la realización de funciones de docencia, investigación, creación y vinculación con el medio propias del quehacer universitario, en las áreas del conocimiento y dominios de la cultura que sus orientaciones estratégicas definan. Asimismo, podrá dedicarse al desarrollo y la formación en las disciplinas técnicas y a la capacitación.

Serán principios que orienten el quehacer de estas casas de estudio la libertad de pensamiento y de expresión; libertad de cátedra y asociación; el pluralismo; la participación de sus miembros en la vida institucional; la actitud reflexiva, dialogante y crítica en el ejercicio de las tareas intelectuales; la excelencia académica; la equidad y la valoración del mérito como criterios de ingreso, promoción y egreso a la universidad; y la formación de personas con sentido ético, cívico y de solidaridad social.

Con el objeto de apoyar la instalación y la puesta en marcha de las nuevas universidades, el fisco aportará a ellas, a contar del momento en que se apruebe este proyecto de ley, recursos para el arrendamiento y gastos de operación necesarios para que los rectores nombrados puedan dar, junto al equipo que lo asesorará, inicio a las actividades de conformación de las nuevas entidades de educación superior. Estos recursos serán entregados a partir del mes en que ocurran dichos nombramientos y se estima que representarán un gasto fiscal mensual del orden de $65 millones por cada universidad.

En el futuro, en la Ley de Presupuestos correspondiente a los tres primeros años de actividad, se incluirán los recursos necesarios para la compra o construcción, y equipamiento de las dependencias de cada una de las universidades. Se estima que ello representará un gasto fiscal del orden de $7.000 millones en tres años para cada una. Mediante decreto supremo se establecerá la participación en el Aporte Fiscal Directo del artículo 2° del DFL (Ed.) N° 4, de 1981, de cada una de estas nuevas universidades a contar del año de inicio de su actividad académica.

La propuesta legal, además, avanza en una serie de procedimientos de administración y ordenamiento internos; definición de patrimonio particular; tratamiento del personal; y plazos.

Una vez que se transforme en ley este proyecto, la Presidenta de la República tendrá 30 días para nombrar a los rectores y un año para dictar los estatutos que regulen ambas instituciones, a propuesta del rector respectivo. En esta propuesta se incluirá la fecha en que ambos planteles empezarán a funcionar. 

El presidente de la Comisión de Educación, diputado Mario Venegas, calificó como “una señal muy potente para quienes creemos en la idea de fortalecer la educación pública”, la creación de estas dos universidades estatales, además en dos regiones que tenían la característica de no tener universidades de esta naturaleza. 

Venegas defendió la decisión de la Comisión de Educación de aprobar que sean las instituciones y autoridades de las regiones involucradas, las que definan la comuna donde se instalarán ambos planteles y no que esto se establezca en la ley, como se planteó originalmente. 

“Soy de los que cree que la discusión respecto de las características, alcances, objetivos, tal como está contenido en el proyecto, es una discusión que tiene que hacerse al interior de la región. Creo que son precisamente las organizaciones representativas de las regiones, las que están en mejores condiciones de resolver respecto de la pertinencia y relevancia que debe tener esta universidad; dónde se instala, cuáles serán sus carreras, etc”, dijo el parlamentario. 

EL RANCAGUINO