12:22 p. m.
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El gobernador (s) de Cachapoal, Sebastián Camiruaga, firmó la notificación que les daba 24 horas para dejar el lugar. Aunque el tiempo se cumplió, todavía no son desalojados.
El miércoles de la semana pasada, las familias que todavía habitan en Villa Cordillera recibieron el documento que les informaba sobre la obligación de abandonar, en un plazo de 24 horas, los dos edificios que aún se encuentran en pie. Sin embargo, llegó el jueves por la noche y no fueron echados por Carabineros, como así lo permitía la resolución firmada por el gobernador (s) de Cachapoal, Sebastián Camiruaga. Es así como permanecen algunos departamentos ocupados. Hoy, los vecinos se hallan en la incertidumbre, pues si bien están forzados a dejar el lugar, comentan que no tienen donde trasladarse y argumentan que continúan allí por necesidad.
“El desalojo era hace unos días. Gracias a Dios llovió. Se pusieron la mano en el corazón y dijeron 'les damos un tiempo más', pero la expulsión se viene, está... En un dos por tres vienen todos para acá y nos vamos a la calle. Eso es lo que no entiende Serviu”, sostiene Rolando Vera, quien se tomó uno de los inmuebles, después de que la casa que cuidaba en el sector de San Luis se cayera con el terremoto del 27 de febrero de 2010.
Y es que tal como él, varias de las familias que aún permanecen en el lugar, esgrimen que su futuro es la intemperie si continúa la demolición de Villa Cordillera. Lo anterior, pese a que les han ofrecido mediaguas desde la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Rancagua. Esto, pues recuerdan que no poseen un terreno en el cual poder establecerse.
“Ellos nos pasan unas, pero es difícil conseguir una superficie donde otros hogares puedan compartir el baño con el nuestro. Al menos a mí, de qué me vale tener $250 mil si no tengo una solución de casa definitiva. Los subsidios se demoran, no es de la noche a la mañana”, declara Vera.
Similar situación vive Jeannette Hernández, quien vive en lo que queda de la villa junto a su marido y sus cuatro hijos. En su caso, tuvo la posibilidad trasladarse a Las Cabras. Pero esto no dio frutos, porque por normativa la Dideco no puede entregar este tipo de bienes con el objetivo de que sean utilizados fuera de la capital regional. De ahí que ahora haga el papeleo correspondiente para mudarse hasta el sector de La Cruz, con el fin de hacer uso de la mediagua.
En tanto, desde el organismo municipal explican que ya han donado alrededor de 4 de estos hogares de emergencia. No obstante, advierten que quienes aún se hallan en las blocks a derribar quieren ocupar las mediaguas en un terreno comunitario. En sus palabras, les habrían manifestado que ello no es factible, porque no pueden contribuir al asentamiento de campamentos en Rancagua. En esta línea, sólo podrán recibir las estructuras las familias que realicen este trámite de manera individual, hallando una propiedad donde poder instalarse.
En la entidad local añaden que estas situaciones son vistas junto a la Onemi y la Intendencia, de tal modo que estos casos lleguen a buen puerto, pudiendo hacer la entrega a través de alguna de estas instituciones.
“Aún queda un par de familias y eso está afectando el trabajo de demolición. Por eso es que la Gobernación instruyó a Carabineros a dar notificación formal de desalojo. Hoy, esperamos que vayan saliendo rápidamente. En eso han estado desde el viernes. Incluso se ha concretado el apoyo de camiones para trasladarlos donde ellos indiquen. Se han dado todas las facilidades, con el espíritu de no incurrir en aplicar la fuerza pública”, afirma el director regional de Serviu, Raimundo Agliati, acerca del avance en el término de la problemática.
“En su minuto, será la autoridad correspondiente la que determine si es necesario que ésta actúe”, añade sobre las razones para no concretar la expulsión.
En cuanto al traspaso de mediaguas por parte del municipio, señala que éste “siempre ha brindado dicho apoyo a quienes acrediten algún terreno donde establecerse”. No obstante, descarta de plano que puedan acceder a una superficie donde asentarse de manera comunitaria. “Por parte de este servicio, no hay ningún lugar para promover la instalación de viviendas de emergencia. Ellos saben muy bien el conducto a seguir. Están al tanto de lo que el gobierno local les ha ofrecido”.
Respecto a la posibilidad de que finalmente sean desalojados después de Fiestas Patrias, tal como lo aseveraban algunos vecinos, lo desmiente. “No se ha dado más plazo del que ya hay. De lo contrario, no habríamos pedido el apoyo de Carabineros”, remata.
Marcela Catalán
“El desalojo era hace unos días. Gracias a Dios llovió. Se pusieron la mano en el corazón y dijeron 'les damos un tiempo más', pero la expulsión se viene, está... En un dos por tres vienen todos para acá y nos vamos a la calle. Eso es lo que no entiende Serviu”, sostiene Rolando Vera, quien se tomó uno de los inmuebles, después de que la casa que cuidaba en el sector de San Luis se cayera con el terremoto del 27 de febrero de 2010.
Y es que tal como él, varias de las familias que aún permanecen en el lugar, esgrimen que su futuro es la intemperie si continúa la demolición de Villa Cordillera. Lo anterior, pese a que les han ofrecido mediaguas desde la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Rancagua. Esto, pues recuerdan que no poseen un terreno en el cual poder establecerse.
“Ellos nos pasan unas, pero es difícil conseguir una superficie donde otros hogares puedan compartir el baño con el nuestro. Al menos a mí, de qué me vale tener $250 mil si no tengo una solución de casa definitiva. Los subsidios se demoran, no es de la noche a la mañana”, declara Vera.
Similar situación vive Jeannette Hernández, quien vive en lo que queda de la villa junto a su marido y sus cuatro hijos. En su caso, tuvo la posibilidad trasladarse a Las Cabras. Pero esto no dio frutos, porque por normativa la Dideco no puede entregar este tipo de bienes con el objetivo de que sean utilizados fuera de la capital regional. De ahí que ahora haga el papeleo correspondiente para mudarse hasta el sector de La Cruz, con el fin de hacer uso de la mediagua.
En tanto, desde el organismo municipal explican que ya han donado alrededor de 4 de estos hogares de emergencia. No obstante, advierten que quienes aún se hallan en las blocks a derribar quieren ocupar las mediaguas en un terreno comunitario. En sus palabras, les habrían manifestado que ello no es factible, porque no pueden contribuir al asentamiento de campamentos en Rancagua. En esta línea, sólo podrán recibir las estructuras las familias que realicen este trámite de manera individual, hallando una propiedad donde poder instalarse.
En la entidad local añaden que estas situaciones son vistas junto a la Onemi y la Intendencia, de tal modo que estos casos lleguen a buen puerto, pudiendo hacer la entrega a través de alguna de estas instituciones.
“Aún queda un par de familias y eso está afectando el trabajo de demolición. Por eso es que la Gobernación instruyó a Carabineros a dar notificación formal de desalojo. Hoy, esperamos que vayan saliendo rápidamente. En eso han estado desde el viernes. Incluso se ha concretado el apoyo de camiones para trasladarlos donde ellos indiquen. Se han dado todas las facilidades, con el espíritu de no incurrir en aplicar la fuerza pública”, afirma el director regional de Serviu, Raimundo Agliati, acerca del avance en el término de la problemática.
“En su minuto, será la autoridad correspondiente la que determine si es necesario que ésta actúe”, añade sobre las razones para no concretar la expulsión.
En cuanto al traspaso de mediaguas por parte del municipio, señala que éste “siempre ha brindado dicho apoyo a quienes acrediten algún terreno donde establecerse”. No obstante, descarta de plano que puedan acceder a una superficie donde asentarse de manera comunitaria. “Por parte de este servicio, no hay ningún lugar para promover la instalación de viviendas de emergencia. Ellos saben muy bien el conducto a seguir. Están al tanto de lo que el gobierno local les ha ofrecido”.
Respecto a la posibilidad de que finalmente sean desalojados después de Fiestas Patrias, tal como lo aseveraban algunos vecinos, lo desmiente. “No se ha dado más plazo del que ya hay. De lo contrario, no habríamos pedido el apoyo de Carabineros”, remata.
Marcela Catalán
El Rancaguino
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