Mantienen incautación de cheques pagados a Caval

Tribunal: “se trata de un medio de prueba asociado a la comisión del delito”

Felipe Alvear Silva

fotos: Marco Lara Silva

Con una gran afluencia de medios de comunicación nacionales y locales, como ha sido la tónica del caso, durante la mañana de ayer se realizó la audiencia terciaria pedida por la defensa de la Sociedad Caval Limitada para solicitar la nulidad del proceso de incautación de los tres cheques retenidos a la empresa de propiedad de Mauricio Valero y Natalia Compagnon -esta última esposa de Sebastián Dávalos, hijo de la Presidenta Michelle Bachelet- por un 30 por ciento del total de la compra de terrenos en Machalí.

La audiencia enmarcada en la investigación por una supuesta estafa a la empresa Silca (Caso Caval) se realizó a las 9 horas en la Sala 1 del Tribunal de Garantía Rancagua, y si bien hubo solicitud para el desalojo de la prensa, esto no fue aceptado por el magistrado. En ella el abogado de Caval, Antonio Garfulic, le solicitó al juez Luis Barría la nulidad procesal sobre los tres cheques que fueron incautados por orden del magistrado, a solicitud de la Fiscalía Regional. De acuerdo a lo planteado por el representante de la empresa de propiedad de Natalia Campagnon y Mauricio Valero, además de no haber delito, había irregularidad en uno de los cheques incautados que habría sido “corregido con un lápiz” y el otro habría sido solicitado antes de haberse presentado la querella.  

El hecho fue protestado por el fiscal de la causa, Luis Toledo (Fiscal Regional), que señaló que los dos cheques retenidos coincidían con el monto de los documentos aprobados por el tribunal para ser incautados -240 y 260 millones de pesos-, y que la solicitud había sido realizada en el marco de la investigación del caso, al igual que el cheque por 2 mil millones de pesos. Con todos estos antecedentes el juez Mauricio Barría decidió que, como “se trata de un medio de prueba asociado a la comisión del delito”, era necesario mantener la medida de retención de los tres cheques (2 mil 500 millones) que Silca -a través de las empresas San Luis y Ruta 86- pagaron a Caval, y que están en la Notaría de René Benavente Cash (Santiago).

“Estimamos que lo que procede en el caso es continuar la investigación, acá no hay un pronunciamiento de fondo, es una audiencia técnica, meramente procesal, y en consecuencia continuaremos desarrollando las diligencias hasta tomar una decisión en torno a la existencia o inexistencia de los presupuestos materiales del delito de estafa por el cual se ha querellado la sociedad Silca. Los cheques son medio de prueba del delito de estafa en el caso de verificarse o configurarse el delito, bajo ese punto de vista no es otro documento el idóneo para ser incautado”, indicó el Fiscal Regional, Luis Toledo.

Por su parte, el abogado querellante de Silca, Raúl Contreras, se manifestó muy “satisfecho por la resolución del Tribunal”. “El cheque sigue incautado por lo que se detiene el mayor perjuicio que le iba a ocasionar a mi cliente -Hugo Silva, propietario de Silca-. Lo que queremos nosotros es resarcir el perjuicio sufrido, pero está todo dentro de la carpeta y no puedo revelar su contenido”, indicó el abogado que presentó la querella por estafa.

LUCKSIC PODRÍA SER CITADO

Tras la ajetreada audiencia del caso que investiga una supuesta estafa de parte de la empresa Caval a Hugo Silva (Silca) por la venta de una propiedad ubicada en la comuna de Machalí por un precio total de 9,5 mil millones, el Fiscal Regional se dio un tiempo para conversar con los medios de comunicación que llegaron al Tribunal de Garantía Rancagua sobre este mediático caso que ha puesto en tela de juicio a parte de la clase política.

Respecto a la filtración de información en los casos de información privilegiada y estafa, del Caso Caval, Toledo indicó que “el proceso penal es reservado para terceros ajenos a la investigación, pero no para los intervinientes. La información que ha salido -en los medios de comunicación- forma parte de las indagatorias. Cualquier persona que sea nombrada en el proceso, no significa que esté comprometida, hay que verificar la veracidad y autenticidad de la información”, señaló, agregando que “todas las personas que han tenido un grado de intervención en esta indagatoria serán citadas dentro del curso del proceso penal” respondiendo nuevamente a la consulta si Andrónico Lucksic podría ser citado.

Desde el inicio de la investigación varias figuras han paseado por el edificio de Alcázar con Cáceres, pero durante los últimos días, tanto Natalia Campagnon como Sebastián Dávalos, visitaron el edificio de la Fiscalía Regional; en ambos casos hubo una gran expectación periodística: y si bien en la primera se formó una batahola entre la acusada, periodistas y carabineros, con el hijo de la Presidenta Bachelet no ocurrió lo mismo ya que compareció escoltado por personal policial en un vehículo institucional.  

“De las personas que han sido citadas, ni una se ha guardado su derecho a guardar silencio. Tenemos una primera etapa para recopilar antecedentes, una segunda para tomar las declaraciones, pero no es tan matemático, dentro de las tomas de declaraciones surgen antecedentes donde quizás hay que volver a la primera etapa; en términos concretos para nosotros lo relevante es tener toda la información para tomar una decisión jurídica respecto al caso. Estamos desarrollando una investigación profesional de eventuales delitos que se habrían configurado, una vez que tengamos la información necesaria vamos a tomar las decisiones -formalizaciones-”, añadió el fiscal Toledo, que agregó que no tiene contemplado citar a la Presidenta Bachelet, y que respondió ante la pregunta de que si hay presiones por el parentesco con la mandataria: “francamente no”.

EL RANCAGUINO