120 días de investigación por presunta estafa a vecinos de Rengo y Requínoa

Cerca de mil 200 personas entregaron la suma de 80 mil pesos a la Egis Pangal, quienes les asegurarían un cupo para la anhelada casa propia.

Fernando Ávila Figueroa

Texto y fotos

120 días de investigación, arraigo nacional y firma mensual se determinó contra Alejando Araneda y Osvaldo Araneda en la audiencia realizada ayer viernes en el Tribunal de Garantía de la comuna de Rengo. Los mencionados son los representantes legales de la Egis Pangal, quienes son investigados por el presunto delito de estafa reiterada que habría afectado a más de 1 mil 200 personas de Rengo y Requínoa que creyeron en las promesas de la Egis para lograr la ansiada casa propia.

Fue así como el Ministerio Público determinó investigar el presunto delito de estafa, mientras que 228 de los afectados interpusieron una querella particular por el delito de estafa y otras defraudaciones contra particulares.

Según los denunciantes, desde noviembre del 2009 a marzo del 2010 se cobraron dineros a tres comités de Requínoa, Mi Casa 1, Mi Casa 2 y Mi Casa 3. Éstos alcanzaron los 80 mil pesos por familia, lo que implica una cifra millonaria al considerar que el comité 1 está compuesto de 135 familias, el 2 por 145 y el 3 por 126.

Además, en Rengo existen otros cuatro comités estafados, correspondientes a Mi Casa, El Sol, Bicentenario y Nueva Luz, cada uno ellos está compuesto por al menos 100 personas a las que se le pidieron entre 80 y 100 mil pesos para realizar escrituras y para gastos administrativos.

Sobre el caso, el fiscal Carlos  López, indicó que “tenemos aproximadamente un número de  1 mil 134 personas que habrían sido afectadas, lo que puede variar alrededor de 92 millones de pesos el dinero defraudado”. Agregó  que “estamos en coordinación con el Ministerio Público, y con la Fiscalía de Pichilemu. Sabemos que ellos ya fueron formalizados en su oportunidad allá y también están con medidas cautelares”.

Una de las afectadas, Jessica Villar, dio a conocer que fue estafada por la Egis Pangal por medio de Alejandro Araneda por la suma de 80 mil pesos. Cancelando esa suma se aseguraba tener un cupo para vivienda, lo que se sumaba a que le aseguraron que no se debía cancelar monto alguno para los respectivos trámites.

Con los 80 mil pesos se les aseguraba trámites como la entrega de escritura, dineros que según la afectada eran entregados a Valeria Ferrari en la sede parlamentaria del Senador Juan Pablo Letelier, esto en Rengo, lugar donde funcionaban las oficinas de Pangal. 

Jessica pagó los 80 mil pesos en cuotas, mientras que otras personas, incluso, llegaron a pagar 90 mil pesos. La documentación de los afectados no llegó nunca al Serviu, así como hasta la fecha nunca han sabido que pasó con su plata. 

En conversación con el senador Juan Pablo Letelier, indicó que acompañó en el momento en que se realizó la denuncia en contra de Alejandro Araneda y la Egis, ya que no se cumplió con el compromiso de presentar proyectos de postulación de viviendas. Añadió que fueron descubriendo que no se trataba de una práctica aislada, ya que se expandió a varias comunas, afectando a más de mil 200 personas en Rengo, Requínoa y Pichilemu.   

En relación a la ubicación de las oficinas de la Egis, cuyo funcionamiento era en su sede parlamentaria, Letelier sostuvo que sus oficinas funcionan como sede social, donde trabajan una serie de organizaciones sociales y comités de viviendas. Fue así como algunos de estos comités se asociaron con esta Egis con el resultado ya conocido, desvirtuando su propósito y cayendo en hechos que a su juicio son en contra la ley.

El senador dijo que lo que se debe hacer es devolverles los dineros a las personas, que respondan por su patrimonio, ya que los cálculos que poseen es que la Egis habría recaudado más de 80 millones de pesos, afectando los sueños de personas de esfuerzo y trabajo. 

AFECTADOS EXIGEN JUSTICIA

Otras de las personas afectadas es María Vergara, quien sostuvo que además es representante del Comité Mi Casa de la comuna de Rengo, en el que actualmente aún pertenecen cerca de 70 personas de los 400 que comenzaron originalmente. Asegura que fueron estafados, debido a que debían entregar los 80 mil pesos, pero no se realizó ningún trámite y ninguna reserva de vivienda. 

Exigen que se haga justicia, puesto que a la mayoría de las personas les costó juntar el dinero. “Detrás de la plata hay sentimientos, un sueño de la vivienda. Yo lo que quiero es que dé por lo menos una explicación. Gente así está acostumbrada, son sinvergüenzas con título”, dijo molesta María Vergara, quien agregó que muchos de los afectados se retiraron del comité al no saber por años de sus dineros, por lo que decidieron postular a otros proyectos habitacionales, obteniendo su anhelada vivienda. “Yo sigo luchando, ya que mi meta era esa.  Nadie iba a pensar que pasaría esto. A ti te dicen que es para la vivienda y obvio que vas a confiar y vas a entregar lo que están pidiendo”, indicó la dirigenta. 

Con respecto a la sede parlamentaria del senador Letelier, la dirigenta sostuvo que sólo fue prestada para estos trámites, liberando de toda responsabilidad al senador socialista. 

El abogado de la Consultora Pangal, Gabriel Díaz, dio a conocer que lo de ayer viernes se trató de una audiencia tipo, donde se comunicó que se está llevando una investigación a sus representados. Sostuvo que no ha existido ningún tipo de engaño, ya que se está alegando por unos cobros que estaban establecidos en un convenio marco que se irán resolviendo a medida que se desarrolle el juicio.  

Díaz Campos adujo que existen una serie de ítems que la autoridad habitacional no paga en estos proyectos, así como sostuvo que la autoridad habitacional paga a contra resultado, y en este caso, se trata de dos proyectos que no llegaron a resultado por causas independientes de la voluntad de Pangal.  “Los cobros en ese tiempo eran autorizados para eventuales inscripciones, gastos de levantamientos topográficos, gastos justificados que después se tienen que rendir, pero en este caso nunca fue la idea de Pangal engañar a la gente, ya que fue dentro del desarrollo de un proyecto normal”, dijo.  

Para la abogada de 228 de los afectados, Patricia Marambio, el resultado de la audiencia de formalización es el trabajo de 3 años de lucha de los afectados, donde el Ministerio Público puso en conocimiento de los imputados que están siendo investigados, formalizando la investigación. 

Cree que la causa llegará a buen término, pero donde se deberá explicar a los afectados que se trata de un proceso lento. Añadió que se trata de una estafa, pese a que el Serviu autoriza a este tipo de entidades al cobro de estos dineros, pero estos deben ser destinados a gastos operacionales como la inscripción en el Conservador de Bienes Raíces, temas notariales, etc, los que debían ser utilizados una vez que las personas se adjudicaran el subsidio habitacional, con casas construidas y títulos de dominio en mano  e inscritos en el Conservador, hecho que no ocurrió, ya que se cobraron cuando los afectados no estaban postulando a ningún subsidio. 

La abogada sostuvo que existen afectados en las comunas de Rengo y Requínoa. En el caso de Pichilemu se trata de una causa distinta, pero por las mismas circunstancias y situaciones. 

EL RANCAGUINO