A cinco años de que explotara el caso de lacolusión de las farmacias, este lunes se dio inicio oral contra 10 ex ejecutivos y trabajadores de Salcobrand, Fasa y Cruz Verde, por su responsabilidad en la coordinación del alza de los precios de 206 medicamentos entre los años 2007 y 2008.
El fiscal de la causa, Jaime Retamal, detalló que "pedimos una pena privativa de libertad, de acuerdo a las estimaciones que hicimos, por tratarse de un delito reiterado de diversas personas pedimos una pena que puede llegar hasta cinco años de presidio menor en su grado máximo".
Durante esta primera jornada, las defensas argumentaron que este juicio no procedía debido a que los formalizados ya habían quedado exentos de sanciones tras el dictamen del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que los obligó a cancelar las multas correspondientes.
Así, Cristián Puga, abogado de Salcobrand, sostuvo que "estamos sosteniendo que esas personas igualmente en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia tuvieron el carácter de imputados, es decir, se les investigó y se les requirió como autoras de los hechos que estaban siendo materia de resolución por parte de ese tribunal".
"Si eso es así, como sostienen estas defensas, el pago de la multa, quién lo hizo y cómo se hizo es completamente irrelevante para los efectos de sostener que la ley prohíbe que se vuelva a juzgar a esas mismas personas por los mismos hechos", agregó el profesional.
Ante esta postura de los abogados, el fiscal Retamal respondió que "el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia se pronunció acerca de la existencia de una responsabilidad en el ámbito de la libre competencia y sancionó claramente a las cadenas farmacéuticas, nunca hubo pronunciamiento respecto de la responsabilidad penal de personas determinadas".
En tanto el abogado querellante Jorge Mario Saavedra resaltó que "estamos estudiando un caso, un ilícito, que al concretarse subieron los valores de los remedios 400 por ciento, lo cual hizo imposible, dado lo precario de los ingresos en este país, comprar remedios".
El año pasado, el Ministerio Público acordó con los imputados que estos pagaran en conjunto 255 millones de pesos y que con eso se suspendería el juicio, sin embargo, la Corte de Apelaciones dictaminó que no se cumplían los requisitos debido a lo reiterado de los delitos que se investigan.
COOPERATIVA.CL
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